Venezuela

El Clúster de Seguridad Alimentaria y Medios de Vida (CSAMV) inició operaciones en Venezuela en mayo de 2019 como parte del Equipo Humanitario de País, dirigido por el Coordinador Residente de las Naciones Unidas en Venezuela, en el marco del desarrollo del Plan de Respuesta Humanitaria. En línea con el mandato del Clúster Global de Seguridad Alimentaria y con la aprobación del Coordinador Humanitario, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas lideran este sector de intervención. 

Su objetivo es reunir a socios humanitarios nacionales e internacionales para mejorar la calidad y el impacto de la asistencia a las personas afectadas por la crisis en Venezuela. En particular, ayuda a garantizar respuestas coherentes, coordinadas e integradas que sean impulsadas por las necesidades de seguridad alimentaria de la población afectada por la crisis.

El clúster cuenta con una membrecía de más de 90 socios, e incluye agencias del ONU, ONG internacionales y locales, así como organizaciones académicas y organismos comunitarios con un interés en como apoyar seguridad alimentaria y/o medios de vida. Los socios del Clúster Seguridad Alimentaria y Medios de Vida están presentes en 16 estados y durante el año 2025 proporcionaron asistencia a más de un millón de personas, de una población meta de 2.2 millones personas, lo cual representa 45 % del objetivo total. En 2026, el Clúster seguirá con su compromiso de respaldar esfuerzos de mejorar la autosuficiencia y acceso a alimentos para las poblaciones más vulnerables del país.

Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el centro-norte de Venezuela el 24 de junio de 2026 provocaron una destrucción generalizada de viviendas, infraestructura pública, establecimientos de salud, escuelas y servicios esenciales en siete estados del país: La Guaira, Distrito Capital, Miranda, Aragua, Carabobo, Falcón y Yaracuy. Según datos oficiales del 24 de agosto, más de 6,500 personas fallecieron, cerca de 73,000 resultaron heridas y 17.900 quedaron sin vivienda. Más de 18.000 personas permanecen en campamentos temporales o en alojamientos precarios, mientras las comunidades afectadas enfrentan interrupciones de servicios básicos, pérdida de medios de vida y condiciones de vida cada vez más frágiles.

El terremoto agravó las necesidades de una población que ya enfrentaba importantes desafíos en el acceso a servicios básicos y oportunidades económicas. Los daños a viviendas e infraestructura crítica han aumentado la presión sobre los sistemas públicos, al tiempo que han reducido la capacidad de recuperación de los hogares afectados. La Evaluación Rápida de Necesidades, complementada con el análisis de información secundaria, la evaluación de modelos estadísticos e imágenes satelitales, junto con la valoración de especialistas confirman un deterioro multisectorial de las condiciones de vida y señalan necesidades urgentes en seguridad alimentaria, salud, agua segura, protección, alojamiento y apoyo psicosocial.